En mayo de 2019, Indepaz confirmó que desde la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano se habría cometido el asesinado de 702 líderes sociales. Pero la tragedia de los líderes no paró ahí: el 3 de febrero de 2020 se hizo público el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), según el cual enero de 2020 fue el mes más letal para los líderes sociales en Colombia, con una tasa de un asesinato cada día. La mayoría de estos líderes habitaban municipios priorizados para la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), principal instrumento de implementación del Acuerdo de Paz en temas de planificación participativa y en los territorios más afectados por la guerra.
Las estadísticas resultan mezquinas en un país que parece anestesiado frente al dolor.
En esta ocasión, los asesinados fueron los hermanos Albeiro y Luís Hugo Silva Mosquera, quienes cayeron en manos de actores armados no identificados, el 16 de febrero de 2020, y quienes hacían parte del proyecto Paz Alto Cauca. Desde su compromiso con la Guardia Campesina, estos defensores de los derechos humanos y del territorio habrían acompañado el Módulo Conservación y Manejo de la Biodiversidad, desarrollado en la ruralidad del Municipio de Miranda, Cauca (Resolución 410-2019 de la Facultad de Ingeniería). 
Desde la perspectiva de la Directora del Proyecto Paz Alto Cauca, Profesora Irene Vélez Torres PhD, el asesinato continuo de líderes no sólo revela el fracaso de la institucionalidad al no demostrar las herramientas o la voluntad para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz y el respeto a la vida de quienes se han puesto la camiseta por la paz. También, conlleva una re-victimización de la población indígena, campesina y afrodescendiente, quienes siguen dando su vida desde las mismas geografías marginadas dónde por más de cinco décadas ha subsistido la guerra y la pobreza, agitadas ambas por actores armados y por diversas economías ilegales.
Este asesinato, como el de los cientos de líderes sociales, enluta a la Universidad del Valle que, desde la investigación, sigue comprometida con la construcción de una paz territorial con justicia social y ambiental.
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