Los proveedores comunitarios de agua en áreas rurales enfrentaron muchos retos al comienzo de la pandemia por COVID-19, lo anterior, según un nuevo artículo científico publicado y liderado por un grupo de investigadores de la Universidad del Valle (Univalle).
Hoy en día, el acceso a agua potable varía mucho en Colombia, según un reporte del gobierno en 2019: una quinta parte de los municipios presenta una cobertura de servicio público de acueducto superior al 90% pero el 6% de los municipios del país presentaron coberturas inferiores al 15%.
Una parte clave del manejo de agua potable son las Organizaciones Comunitarias Gestoras del Agua y Saneamiento (OCGAS). Las OCGAS son una parte clave del manejo de agua potable, y están representadas por asociaciones de segundo nivel como AQUACOL y FECOSER.
En la publicación "Retos y Oportunidades de la Gestión Comunitaria del Agua en la ruralidad de la Cuenca Alta del río Cauca, Colombia, bajo la pandemia del COVID-19" que salió en el julio de 2022 en la revista científica Prospectiva se mostró que los OCGAS enfrentaron retos grandes incluso por falta de pagos y la afluencia de nuevos residentes.
“Una dificultad que surge durante la pandemia fue el incremento de las solicitudes de suscripción para acceder al agua cuando personas de la ciudad llegaron a áreas rurales durante la pandemia”, dijo Carolina Blanco-Moreno, una investigadora doctoral adscrita al instituto CINARA, añadiendo que el trabajo también sirvió para generar datos y evidencia para mejorar proyectos de ley y otras políticas públicas relacionadas con el sector del agua y saneamiento rural.
“Se divulgó información de que las personas no necesitaban pagar sus servicios de agua durante la pandemia por subsidios que decretó el gobierno, pero esto sólo aplicaba para prestadores urbanos, en las áreas rurales no aplicó... igual, las personas no pagaron por este malentendido erróneo, que causó problemas para las OCGAS”, planteó Blanco-Moreno.
Los investigadores descubrieron que hubo un mayor porcentaje de organizaciones con más de 500 suscriptores que identificaron problemáticas, lo cual puede deberse al nivel de concentración de su población, favorable para la presencia y propagación del virus.
“Es necesario comprender mejor la realidad de las organizaciones comunitarias gestoras del agua, para poder realizar su fortalecimiento ya que son fundamentales para la garantía del derecho humano al agua en muchas zonas rurales del país, así como en zonas periurbanas, incluso las urbanas”, explicó Daniela Ruiz-Grisales, una colaboradora del proyecto y vocal de FECOSER, una organización de segundo nivel.
“Uno de los principales retos estuvo relacionado con la metodología virtual que se escogió por el contexto de pandemia, ya que en muchas zonas no hay cobertura de Internet, y en algunas tampoco cuentan con cobertura de señal de celular”, planteó Ruiz.
El rol de Ruiz en el proyecto fue apoyar la construcción de las bases de datos, diseño y aplicación de la encuesta para las organizaciones comunitarias, indagación sobre las acciones de las organizaciones de segundo nivel, análisis de normatividad, análisis de las problemáticas, y construcción de lineamientos de política pública. Jorge Luis Amaya quien pertenece a AQUACOL tuvo el mismo rol de Ruiz en el proyecto.
Ruiz manifestó que el principal impacto de la llegada de personas de la ciudad a las veredas, sobre los acueductos comunitarios u organizaciones comunitarias gestoras del agua, fue el aumento en la demanda, que dificultó los procesos de operatividad ya que se necesitó incrementar la periodicidad en los procedimiento como la desinfección.
En la publicación "Retos y Oportunidades de la Gestión Comunitaria del Agua en la ruralidad de la Cuenca Alta del río Cauca, Colombia, bajo la pandemia del COVID-19" que salió en el julio de 2022 en la revista científica Prospectiva se mostró que los OCGAS enfrentaron retos grandes incluso por falta de pagos y la afluencia de nuevos residentes.
“Una dificultad que surge durante la pandemia fue el incremento de las solicitudes de suscripción para acceder al agua cuando personas de la ciudad llegaron a áreas rurales durante la pandemia”, dijo Carolina Blanco-Moreno, una investigadora doctoral adscrita al instituto CINARA, añadiendo que el trabajo también sirvió para generar datos y evidencia para mejorar proyectos de ley y otras políticas públicas relacionadas con el sector del agua y saneamiento rural.
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| Foto: Investigadores con trabajadores de OCGA ACUAPIHAMABRIS, Corregimiento La Habana, municipio de Buga. Crédito: Daniela Ruiz-Grisales |
Problemas estructurales y de pandemia
Blanco-Moreno explicó que muchos de los retos estaban presentes antes y se aumentó durante la pandemia, por ejemplo el recaudo por falta de pago de la población, limitación de actividades colectivas por las restricciones de movilidad establecidas por el gobierno nacional y aumentó la demanda de agua por la migración de población de las ciudades a la zona rural.“Se divulgó información de que las personas no necesitaban pagar sus servicios de agua durante la pandemia por subsidios que decretó el gobierno, pero esto sólo aplicaba para prestadores urbanos, en las áreas rurales no aplicó... igual, las personas no pagaron por este malentendido erróneo, que causó problemas para las OCGAS”, planteó Blanco-Moreno.
Los investigadores descubrieron que hubo un mayor porcentaje de organizaciones con más de 500 suscriptores que identificaron problemáticas, lo cual puede deberse al nivel de concentración de su población, favorable para la presencia y propagación del virus.
“Es necesario comprender mejor la realidad de las organizaciones comunitarias gestoras del agua, para poder realizar su fortalecimiento ya que son fundamentales para la garantía del derecho humano al agua en muchas zonas rurales del país, así como en zonas periurbanas, incluso las urbanas”, explicó Daniela Ruiz-Grisales, una colaboradora del proyecto y vocal de FECOSER, una organización de segundo nivel.
“Uno de los principales retos estuvo relacionado con la metodología virtual que se escogió por el contexto de pandemia, ya que en muchas zonas no hay cobertura de Internet, y en algunas tampoco cuentan con cobertura de señal de celular”, planteó Ruiz.
El rol de Ruiz en el proyecto fue apoyar la construcción de las bases de datos, diseño y aplicación de la encuesta para las organizaciones comunitarias, indagación sobre las acciones de las organizaciones de segundo nivel, análisis de normatividad, análisis de las problemáticas, y construcción de lineamientos de política pública. Jorge Luis Amaya quien pertenece a AQUACOL tuvo el mismo rol de Ruiz en el proyecto.
Ruiz manifestó que el principal impacto de la llegada de personas de la ciudad a las veredas, sobre los acueductos comunitarios u organizaciones comunitarias gestoras del agua, fue el aumento en la demanda, que dificultó los procesos de operatividad ya que se necesitó incrementar la periodicidad en los procedimiento como la desinfección.
“Adicionalmente, algunas personas traen visiones de territorio muy diferentes, poniendo cargas emocionales, de estrés, de quejas que no reconocen el contexto, sobre las juntas administradoras y sobre los encargados de administrar los sistemas”, comentó Ruiz.
Leer más del Instituto CINARA: Investigadores de Univalle profundizan sobre nuestro uso cotidiano del agua
https://ingenieriainforma.blogspot.com/2022/02/investigadores-de-univalle-profundizan.html
Univalle Researchers Plumb The Depths of Daily Water Use
https://ingenieriainforma.blogspot.com/2022/02/univalle-researchers-plumb-depths-of.html
“La investigación siempre tiene una intencionalidad y en este caso está al servicio de las comunidades y creo que este es el papel de la académica, reconocer al servicio de quién está y de brindar los insumos para que las comunidades tengan información sobre ellas mismas y sus procesos”, explicó la profesora Blanco-Moreno añadiendo que la esperanza es que estas organizaciones puedan tener un papel más activo frente a las instituciones que desarrollan la política pública en el país.
El profesor Mario Alejandro Pérez Rincón, adscrito al Instituto CINARA quien trabajó el tema de gestión comunitaria y es el tutor de Blanco dijo que la meta fue mejorar y potenciar la gestión comunitaria de agua para consumo humanos; y contribuir a fortalecer las redes y organizaciones comunitarias de agua para una visibilización mayor en las sociedades y un mayor reconocimiento del estado.
“El reconocimiento es una estrategia de lucha política y busca visibilizar lo que se quiere ocultar y los resultados de este trabajo son académico-políticos”, manifestó el profesor Pérez, quien planteó que un porcentaje alto de los sistemas de acueducto rurales en Colombia, están manejados por las organizaciones comunitarias y requieren mucho apoyo, pues abastecen a unas 10 millones de personas en Colombia.
“Las oportunidades están en ayudar a las organizaciones comunitarias que se estudian, y que se pueda extrapolar como alternativa político-académica a las luchas de la gestión comunal frente a los modelos privatizadores en las zonas rurales”, explicó el profesor Pérez, agregando que los retos son de interpretar adecuadamente los datos y resultados encontrados para potenciar el trabajo de las organizaciones comunitarias y hacer algo con un buen significado académico e investigativo.
Comunidad
Para Blanco-Moreno, hay un gran rol por parte de las universidades públicas como Univalle para hacer investigación que puede beneficiar las comunidades del suroccidente de Colombia.“La investigación siempre tiene una intencionalidad y en este caso está al servicio de las comunidades y creo que este es el papel de la académica, reconocer al servicio de quién está y de brindar los insumos para que las comunidades tengan información sobre ellas mismas y sus procesos”, explicó la profesora Blanco-Moreno añadiendo que la esperanza es que estas organizaciones puedan tener un papel más activo frente a las instituciones que desarrollan la política pública en el país.
El profesor Mario Alejandro Pérez Rincón, adscrito al Instituto CINARA quien trabajó el tema de gestión comunitaria y es el tutor de Blanco dijo que la meta fue mejorar y potenciar la gestión comunitaria de agua para consumo humanos; y contribuir a fortalecer las redes y organizaciones comunitarias de agua para una visibilización mayor en las sociedades y un mayor reconocimiento del estado.
“El reconocimiento es una estrategia de lucha política y busca visibilizar lo que se quiere ocultar y los resultados de este trabajo son académico-políticos”, manifestó el profesor Pérez, quien planteó que un porcentaje alto de los sistemas de acueducto rurales en Colombia, están manejados por las organizaciones comunitarias y requieren mucho apoyo, pues abastecen a unas 10 millones de personas en Colombia.
“Las oportunidades están en ayudar a las organizaciones comunitarias que se estudian, y que se pueda extrapolar como alternativa político-académica a las luchas de la gestión comunal frente a los modelos privatizadores en las zonas rurales”, explicó el profesor Pérez, agregando que los retos son de interpretar adecuadamente los datos y resultados encontrados para potenciar el trabajo de las organizaciones comunitarias y hacer algo con un buen significado académico e investigativo.
Foto: el XIV Encuentro Regional de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca, en el año 2020, con gestores comunitarios del agua de OCGA vinculadas a FECOSER. Credito: Daniela Ruiz-Grisales
Si le gustaría contactar a los investigadores o conocer más sobre los proyectos, escriba a la Oficina de Comunicaciones Facultad de Ingeniería: comunicaingenieria(arroba)correounivalle.edu.co.
Foto principal: Carolina Blanco-Moreno, investigadora doctoral del Instituto CINARA: Andrew James/NCC-FI/Univalle
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